En la Conferencia Internacional del Trabajo denuncian la persecución política ala Unión Nacional de Educadores en el correísmo

Durante la 112ª reunión de la Conferencia Internacional de la OIT, José Olivera, representante de la Internacional de la Educación, abordó el caso de persecución a la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Ecuador durante el correísmo y la problemática de su personería jurídica.

Olivera expuso las múltiples denuncias que han sido respaldadas por la Internacional de la Educación y diversas organizaciones nacionales, destacando que el Estado ecuatoriano ha incurrido en claras contravenciones al Convenio Internacional del Trabajo (CIT) N° 87, específicamente en lo relativo a su artículo 4°. «El Gobierno del Ecuador continúa incumpliendo lo estipulado en el artículo 4° del CIT N° 87 y ha ignorado las recomendaciones de los organismos de control respecto al proceso de disolución administrativa de la UNE», aseveró.

Señaló que el registro reciente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, ahora UNE-E, ante el Ministerio de Educación, es un esfuerzo de los afiliados de la UNE por recuperar su personería jurídica, y no una decisión del Estado para restituirla. Olivera indicó que el Estado no reconoce a esta nueva entidad como un sindicato, sino como una organización de la sociedad civil, lo que limita significativamente su acción sindical.

Además, la falta de restitución de la personería jurídica a la UNE y la creación de una organización con siglas similares no han permitido la devolución de los bienes incautados ni la eliminación de las consecuencias de la disolución administrativa. Esta situación ha obstaculizado el funcionamiento normal de la UNE, ya que los bienes, bajo la administración de la Comisión Liquidadora, han generado deudas con los gobiernos locales, quienes podrían proceder a su confiscación.

Para resolver esta situación de vulneración de derechos, Olivera enfatizó que el Estado debe dar trámite al recurso de casación presentado por la UNE, admitido parcialmente por la Corte Constitucional. Asimismo, es crucial que el Ministerio de Educación devuelva la personería jurídica a la UNE y ordene la devolución de todos sus bienes.

La intervención de José Olivera fue contundente y subrayó la necesidad urgente de atender las violaciones a los derechos sindicales, devolviendo a la UNE su plena capacidad operativa y jurídica. La comunidad educativa y las organizaciones de derechos laborales esperan que estas denuncias sean atendidas y que se implementen las recomendaciones necesarias para resolver este conflicto.