En un contexto mundial marcado por la creciente migración irregular, Europa y América Latina se encuentran enfrentando desafíos significativos en sus políticas y estructuras sociales. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 286,000 personas llegaron a Europa de manera irregular durante 2023. Este fenómeno ha alimentado el discurso nacionalista y xenófobo de la extrema derecha europea, que utiliza la crisis migratoria para justificar políticas de seguridad cada vez más restrictivas.

En América, la situación no es menos alarmante. En lo que va del 2024, más de 230,000 migrantes han cruzado la selva del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia. Las cifras reveladas por el gobierno panameño indican que los ecuatorianos representan poco más del 6% de esta ola migratoria, mientras que los venezolanos encabezan la lista con un 66.3% del total. Este incremento ha generado tensiones no solo en los países de tránsito y destino, sino también en los países de origen, donde la salida masiva de ciudadanos está generando crisis económicas y sociales profundas.

Los informes oficiales de la Unión Europea destacan que en 2022, cerca de 3.5 millones de personas emigraron a la región como refugiados con estatuto de asilo, mientras que en 2023, alrededor de 4.2 millones de ucranianos recibieron protección temporal en los países miembros de la UE. Sin embargo, el sistema de asilo europeo sigue bajo presión, con un alto número de solicitudes de ciudadanos sirios y afganos.

El impacto económico de la migración es evidente en la creciente dependencia de muchos países de las remesas enviadas por sus ciudadanos en el extranjero. En América Latina, las remesas representan hasta el 8% del PIB en algunos países, con México a la cabeza como el mayor receptor. Sin embargo, este flujo de capital, aunque vital para muchas economías, no compensa los efectos sociales negativos que la migración genera, tanto en los países de origen como en los de destino.

Especialmente preocupante es la situación de las mujeres migrantes, que representan el 41% del total de migrantes a nivel mundial. Muchas de ellas son víctimas de violencia de género, trata y explotación laboral. En sus países de origen, el abandono de familias enteras, especialmente de niños, ha exacerbado problemas como la delincuencia y el narcotráfico, sumando nuevas capas de complejidad a las crisis sociales existentes.

Analistas críticos señalan que el fenómeno migratorio es una consecuencia directa de las desigualdades generadas por el capitalismo global. La pobreza, el desempleo y la violencia empujan a millones de personas a buscar una vida mejor en otros países, solo para enfrentarse a nuevas formas de explotación y exclusión.

Mientras los gobiernos intentan lidiar con los efectos inmediatos de la migración, la falta de soluciones a largo plazo perpetúa un círculo vicioso que no solo afecta a los migrantes, sino que también profundiza la crisis social y económica en los países más pobres. En este escenario, las políticas restrictivas y las narrativas nacionalistas no hacen más que agravar un problema que requiere respuestas globales y solidarias.