En medio de una severa crisis energética, Ecuador se prepara para el retorno de los apagones en octubre, complicando aún más la ya frágil economía del país. A pesar de las medidas implementadas por el gobierno de Daniel Noboa, como la compra de energía a Colombia y el alquiler de barcazas, las soluciones se han mostrado insuficientes para resolver el problema de fondo

El presidente Noboa, quien asumió el cargo el año pasado, declaró en abril un estado de emergencia en el sector eléctrico y aseguró que no habría más apagones. Sin embargo, apenas cuatro meses después, la amenaza de interrupciones en el suministro eléctrico regresa, lo que ha generado preocupación y críticas por la falta de acciones efectivas por parte del gobierno.

Uno de los principales factores detrás de esta crisis es la falta de mantenimiento adecuado en las principales centrales hidroeléctricas del país. Plantas clave como Coca Codo Sinclair, San Francisco y Agoyán han sufrido daños debido a la acumulación de sedimentos, que no han sido limpiados de manera adecuada. Esta falta de cuidado no solo pone en riesgo las infraestructuras, sino que también ha reducido significativamente la capacidad de generación de estas centrales.

En respuesta a la creciente demanda y la insuficiencia de la generación hidroeléctrica, el gobierno ha recurrido a soluciones temporales que han sido objeto de controversia. El alquiler de una barcaza generadora de energía a la empresa turca Karpowership, por un monto de USD 114,39 millones, ha sido duramente criticado, tanto por su alto costo como por las denuncias de posibles conflictos de interés que benefician a la familia del presidente y su círculo cercano. A pesar de estas críticas, el gobierno planea alquilar dos barcazas adicionales, lo que podría aumentar significativamente el costo para el país sin resolver completamente la crisis.

Además, el gobierno ha continuado otorgando concesiones mineras en regiones como Imbabura y El Oro, a pesar de las preocupaciones de las comunidades locales sobre los impactos negativos de la minería, como la inseguridad y la insalubridad. Estas concesiones, que reciben subsidios estatales en combustible y energía, aseguran grandes ganancias para los industriales mineros, pero dejan poco o nada para las comunidades afectadas.

La gestión de Daniel Noboa en el sector energético ha sido fuertemente cuestionada por su aparente incapacidad para resolver los problemas estructurales que enfrenta el país. Mientras la crisis continúa, la confianza en el gobierno se ve cada vez más erosionada, dejando a Ecuador en una situación de creciente incertidumbre.