El presidente Daniel Noboa enfrenta serias acusaciones de abuso de poder y corrupción, tras la reciente adjudicación de contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar y cercano. En los primeros meses de su mandato, las decisiones del mandatario han levantado sospechas de un supuesto aprovechamiento de su cargo para beneficiar a familiares y allegados.

Uno de los casos más polémicos involucra la adjudicación de un contrato por 18,9 millones de dólares para la provisión de etanol anhidro a la empresa Codana S.A., parte del Grupo Nobis, propiedad de Isabel Noboa Pontón, tía del presidente. El contrato, otorgado por la empresa pública EP PETROECUADOR, se suma a otros asignados a compañías cercanas al mandatario, como Producargo S.A. y Soderal, con montos que ascienden a 37,8 y 33,7 millones de dólares respectivamente.

El proceso de contratación, realizado en un tiempo récord de 50 minutos, según la publicación oficial del Servicio de Contratación Pública (SERCOP), ha sido cuestionado por la falta de transparencia y la rapidez inusual con que se llevó a cabo, lo que ha alimentado las críticas de corrupción y manejo indebido de recursos públicos.

Estas no son las primeras denuncias contra el gobierno de Noboa. En junio de 2024, el semanario «En Marcha» ya había reportado sobrepresupuestos en un contrato de aprovisionamiento de alimentos al Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, así como irregularidades en la adjudicación del desayuno escolar a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación. Este último contrato, asignado a Austro Food por 11,4 millones de dólares tras la declaración de incumplimiento de la empresa LaFattoria S.A., ha sido señalado como otro ejemplo de posible corrupción y favoritismo.

Asimismo, la reforma tributaria propuesta por Noboa, incluida en el proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, ha sido criticada por exonerar deudas de impuestos a grandes empresarios, entre ellos su padre Álvaro Noboa y el grupo Noboa, beneficiando así a su propio entorno. Esta reforma, que supuestamente buscaba recaudar 832 millones de dólares para paliar el déficit fiscal, ha sido vista como una maniobra para proteger intereses personales.

En un intento por mejorar su imagen, el presidente promulgó el decreto ejecutivo 337, creando la Política Nacional de Integridad Pública. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de la opinión pública, que percibe una desconexión entre el discurso oficial y las acciones concretas del gobierno.

La creciente lista de denuncias de corrupción y abuso de poder en el gobierno de Daniel Noboa ha generado un clima de descontento social. Diversos sectores de la sociedad civil han comenzado a organizarse para exigir transparencia y responsabilidad en la gestión pública, advirtiendo que no cesarán en su lucha hasta que se asegure una administración más justa y transparente para todos los ecuatorianos.

Los próximos días serán cruciales para el gobierno de Noboa, quien deberá enfrentar no solo la presión política, sino también la creciente movilización popular que demanda un cambio en la conducción del país.