Declaraciones de la Ministra de Ambiente prioriza intereses económicos sobre comuneros de Olón

La Asamblea Nacional ha brindado un respaldo decisivo a los comuneros de Olón, reconociendo su «incansable protección de los ecosistemas y defensa de su cultura y territorios». Esta decisión llega tras tensos acontecimientos en la comuna de Olón, parroquia Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, donde un polémico proyecto inmobiliario ha generado fuerte resistencia local y tras las declaraciones de la Ministra de Ambiente, que fue llamada al Pleno de la Asamblea a comparecer.

La iniciativa, promovida por una empresa en la que Lavinia Balvonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es accionista principal, ha llevado a la movilización de decenas de policías, tanquetas y personal del GOE a la zona. Este despliegue de fuerza ha sido un antecedente crucial que impulsó a la Asamblea a respaldar a los comuneros, quienes defienden su territorio y los ecosistemas de la región.

En la sesión del 28 de mayo del 2024 en la Asamblea Nacional, la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, fue convocada para explicar la situación. Fritschi defendió que el proyecto no requería una licencia ambiental, argumentando que fue clasificado como una obra de bajo impacto según el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), vigente desde 2015. También afirmó que el trámite para esta clasificación comenzó en septiembre de 2023, antes de que Noboa asumiera la presidencia.

Sin embargo, estas declaraciones han sido fuertemente criticadas por su falta de fundamentos sólidos y por reflejar decisiones aparentemente improvisadas. La ministra aseguró que «es falso que la zona afectada pertenezca a una zona protegida», desestimando las denuncias de los comuneros de Olón y negando la tala de manglar. Esta postura ha sido vista como una muestra de que el gobierno está priorizando sus intereses económicos y de clase por encima de los derechos y la protección de las comunidades locales.

Los legisladores y la comunidad de Olón han señalado que el gobierno, a través de la ministra de Ambiente, está actuando de manera inconsistente y sin un verdadero sustento, subestimando la importancia de una consulta previa, libre e informada, que es constitucionalmente obligatoria para proyectos que afectan a comunidades de origen étnico cultural y zonas protegidas.

El respaldo de la Asamblea Nacional a los comuneros de Olón destaca la necesidad de una mayor transparencia y rigor en la evaluación de proyectos que impactan a las áreas protegidas y a las comunidades locales. La situación en Olón sigue siendo tensa, y los comuneros continúan firmes en su resistencia, exigiendo que se respeten sus derechos y se garantice la protección de su territorio y sus ecosistemas.

Este conflicto pone en evidencia la tensión entre los intereses económicos y la protección ambiental en Ecuador, subrayando la necesidad de políticas más coherentes y fundamentadas que prioricen el bienestar de las comunidades y la preservación del medio ambiente sobre los intereses económicos particulares.