Colectivos de mujeres piden despenalización total del aborto en Ecuador

El 9 de julio, organizaciones feministas en Ecuador presentaron una segunda demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, exigiendo la despenalización total del aborto y el cese de su criminalización. Esta acción, liderada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Fundación Desafío, Red Fe y el Observatorio de Género y Diversidad, se suma a una demanda similar presentada en marzo por el movimiento Justa Libertad. Actualmente, en Ecuador, el aborto es legal solo si el embarazo pone en riesgo la salud o vida de la persona gestante, o si es resultado de una violación. Sin embargo, las organizaciones feministas sostienen que las restricciones actuales son insuficientes y continúan limitando el acceso a este derecho fundamental.

En 2021, la Fundación Desafío logró un avance significativo al obtener la despenalización del aborto en casos de violación. Sin embargo, la regulación subsiguiente, elaborada por la Asamblea Nacional y modificada por el entonces presidente conservador Guillermo Lasso, no cumplió con las expectativas de las organizaciones feministas. Estos cambios introdujeron restricciones que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, creando barreras adicionales para las mujeres y personas gestantes que buscan ejercer este derecho. La segunda demanda presentada el 9 de julio fue redactada por un equipo legal especializado en derechos humanos, liderado por la abogada Angélica Porras. Porras declaró a la agencia EFE que es probable que la Corte Constitucional unifique las dos demandas existentes y otras futuras, para aumentar la presión y lograr una resolución favorable.

Las organizaciones feministas subrayan que la despenalización total del aborto es un paso crucial, pero insuficiente mientras persista la penalización social. La estigmatización y discriminación hacia las mujeres que buscan abortar son problemas profundamente arraigados que no se resolverán únicamente mediante cambios legales. Argumentan que la penalización social perpetúa un ciclo de discriminación y violencia de género, y que es esencial abordar estas cuestiones a través de una educación integral en derechos sexuales y reproductivos, y la creación de un entorno seguro y de apoyo para las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo.

La presentación de esta nueva demanda ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Grupos de derechos humanos y organizaciones feministas de otros países han expresado su apoyo a la causa ecuatoriana, subrayando la importancia de la solidaridad global en la lucha por los derechos reproductivos. En Ecuador, la cuestión del aborto sigue siendo un tema polarizador, con sectores conservadores y religiosos que continúan oponiéndose a la despenalización total por motivos éticos y morales. Sin embargo, encuestas recientes indican un cambio gradual en la opinión pública, con un creciente número de personas apoyando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

La resolución de la Corte Constitucional sobre estas demandas será un momento decisivo para los derechos reproductivos en Ecuador. Las organizaciones feministas mantienen la esperanza de que una decisión favorable no solo garantice la despenalización total del aborto, sino que también marque el comienzo de un cambio cultural más amplio hacia la aceptación y el respeto de los derechos de las mujeres. Mientras tanto, la lucha continúa, con activistas organizándose, creando campañas de concientización y trabajando en colaboración con otras organizaciones de derechos humanos para asegurar que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.