«Ley Antipillos» fue archivada
En una sesión cargada de tensiones, la Asamblea Nacional decidió archivar la controvertida Ley ‘Antipillos’, una propuesta presentada como económica urgente por el gobierno de Daniel Noboa. Este proyecto, cuyo nombre completo es Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, fue rechazado con 84 votos a favor de su archivo, un fuerte revés para el oficialismo.
El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, lideró las críticas señalando que esta ley, lejos de combatir el lavado de activos, buscaba implementar medidas fiscales que impactarían negativamente a las mayorías. Peñafiel calificó la propuesta como «confiscatoria», destacando que afectaría actividades como la compra-venta de vehículos usados, golpeando directamente al bolsillo de los ecuatorianos.
Por su parte, Vicente Taiano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), denunció que la ley tenía “tufo a persecución”, sin precisar a quiénes iría dirigida, dejando entrever la posible intención del gobierno de utilizar este instrumento como herramienta de presión política.
Las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), el PSC y legisladores independientes coincidieron en que la propuesta no ofrecía soluciones reales al lavado de activos, pero sí pretendía otorgar facultades excesivas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). En contraste, la oficialista Nathaly Farinango defendió la ley, afirmando que beneficiaría al 73% de propietarios de vehículos usados y afectaría solo al 2% de transacciones comerciales, específicamente las de vehículos de alta gama. Sin embargo, sus argumentos no lograron persuadir a los legisladores, quienes vieron en esta propuesta un intento encubierto de beneficiar a sectores privilegiados.
La negativa a esta ley evidencia la debilidad del gobierno de Noboa en el ámbito legislativo. El archivo de esta normativa refleja no solo la falta de articulación política del oficialismo, sino también un rechazo a las políticas que privilegian a las élites mientras imponen cargas desmedidas a la clase trabajadora.
Este revés se suma a la percepción de que el gobierno carece de una estrategia sólida para enfrentar las necesidades reales del país. En lugar de priorizar propuestas inclusivas y transparentes, Noboa enfrenta una creciente oposición que denuncia intentos de concentración de poder y medidas regresivas disfrazadas de reformas urgentes.
El archivo de la Ley ‘Antipillos’ es un recordatorio de que el Ecuador necesita políticas que respondan a las demandas de su gente, no a los intereses de las élites. Si el gobierno de Daniel Noboa insiste en avanzar con medidas que profundicen las desigualdades y beneficien a una minoría, encontrará en la Asamblea y en la ciudadanía una resistencia cada vez más fuerte.
En tiempos de crisis, el país requiere soluciones inclusivas, no impuestos encubiertos ni instituciones con poderes excesivos. Este es un triunfo para quienes defienden los derechos de las mayorías, pero también un llamado a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de abuso desde el poder.
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