El Salario Básico Unificado (SBU) para 2025 aún no encuentra un punto de partida claro. Mientras el Ministerio del Trabajo posterga la convocatoria al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), trabajadores y empleadores se preparan para un enfrentamiento donde las prioridades y realidades económicas están marcadamente polarizadas. Actualmente, el salario mínimo es de $460, cifra que quedó definida tras la falta de consenso en 2023, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), organización que agrupa a varios sindicatos, exige un aumento significativo del salario básico a $564,04, con el objetivo de cubrir el costo de la canasta familiar vital, calculada por el INEC en ese mismo valor para octubre de 2024. Según Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, esta propuesta responde al incremento del costo de vida, el alto índice de informalidad y la pérdida de empleos. Además, critica que las estadísticas oficiales sigan basándose en datos desactualizados, como el ingreso promedio de 1,6 perceptores por hogar, establecido en 2010.

Arellano subraya que el aumento salarial no solo es una necesidad social, sino también un instrumento para reactivar la economía, al mejorar la capacidad de consumo de la población. Sin embargo, el FUT no se limita a pedir un incremento del SBU, sino también una revisión generalizada de las remuneraciones, argumentando que sectores económicos prósperos, como las grandes empresas, tienen la capacidad de asumir este cambio.

En contraste, los empresarios, representados por figuras como Xavier Rosero de Fedexpor, plantean una postura cautelosa. Señalan que los apagones eléctricos y los gastos derivados de la crisis energética han debilitado la capacidad de inversión y sostenibilidad de las empresas, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Rosero advierte que un aumento de más de $100 no tiene «justificación técnica» y podría poner en riesgo la viabilidad financiera del sector privado, especialmente en un momento donde el apalancamiento financiero es una carga creciente.

El Código del Trabajo establece que, en caso de falta de consenso, el Ministerio del Trabajo determinará el SBU basándose en la inflación proyectada. Este mecanismo técnico, sin embargo, ha sido insuficiente para satisfacer las demandas de los trabajadores o garantizar un diálogo efectivo. En 2023, esta fórmula resultó en un aumento de apenas $10 al salario básico, evidenciando una política que prioriza los intereses empresariales sobre el bienestar de la clase trabajadora.

Es evidente que, bajo el gobierno de Daniel Noboa, las decisiones económicas siguen favoreciendo a las élites económicas, perpetuando las desigualdades estructurales. En un país donde la canasta básica familiar supera los $800, el salario mínimo de $460 condena a las familias trabajadoras a una vida de privaciones y deudas.

El contexto preelectoral añade una capa de complejidad. Si bien se insiste en que las elecciones de 2025 no deben influir en la fijación del SBU, resulta difícil ignorar el uso político del tema salarial. La dilación en las convocatorias al CNTS refleja una estrategia de posponer decisiones clave, relegando a los trabajadores al último lugar de las prioridades gubernamentales.

Mientras los empresarios buscan justificar su resistencia al incremento salarial argumentando dificultades económicas, los trabajadores exigen un salario que les permita vivir con dignidad. Este conflicto no solo revela la brecha económica, sino también la lucha de poder entre los intereses del capital y las necesidades de quienes sostienen la economía del país.

La falta de acción del Ministerio del Trabajo y la postura tibia del gobierno de Noboa son un recordatorio de que el bienestar de las mayorías no está en el centro de la agenda estatal. Sin un cambio estructural en las políticas laborales y económicas, la brecha entre ricos y pobres seguirá profundizándose, perpetuando un sistema que sacrifica el bienestar colectivo en favor de las ganancias privadas.