Relevos en el gabinete presidencial generan desconfianza en medio de crisis política y social

Este fin de semana, el gobierno de Daniel Noboa ha sido sacudido por decisiones que han encendido las alarmas sobre la estabilidad y transparencia de su administración. Dos cambios claves en el equipo de gobierno han puesto en tela de juicio el verdadero rumbo del ejecutivo, en medio de una situación de crisis energética y de seguridad que demanda respuestas firmes y coherentes.

Por un lado, la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, sancionada por el Ministerio de Trabajo con una licencia de 150 días, ha sido vista con suspicacia. La medida se fundamenta en su supuesta ausencia de su puesto de trabajo, pero no han sido aclaradas oficialmente las razones concretas de esta “falta de asistencia”, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Con la salida temporal de Abad, Saria Moya ha sido designada vicepresidenta encargada, en una movida que, según analistas políticos, podría responder a estrategias de campaña electoral, al liberar a Abad para aspiraciones políticas futuras sin las obligaciones de su rol actual. Esto ha sido interpretado por algunos críticos como una maniobra para conservar su imagen de cara a una potencial candidatura, especialmente en un contexto donde Noboa también enfrenta cuestionamientos por su liderazgo.

A la par, la inesperada salida de Arturo Feliz Wong como ministro de Gobierno ha dejado un vacío en el equipo de Noboa en un área crucial para la estabilidad del país. Wong ha sido enviado a Colombia para negociar la compra de energía en un contexto de emergencia energética en Ecuador, donde las crisis de apagones y la falta de suministro eficiente han afectado severamente a la población. Sin embargo, su cambio ha sido percibido por algunos sectores como una forma de apartarlo de un cargo que, en estas circunstancias, exige soluciones inmediatas y contundentes. En su lugar, ha sido nombrado José de la Gasca, exembajador ante la ONU, quien deberá asumir un cargo crítico y con poco margen para error, dada la crisis energética y los problemas de seguridad que se viven.

Ambas decisiones han despertado desconfianza y críticas, pues en lugar de buscar soluciones a la crisis de servicios básicos y seguridad, parecen más bien responder a intereses de reacomodo político. Ante esta situación, la ciudadanía exige transparencia y un enfoque más centrado en resolver los problemas que afectan directamente su calidad de vida.