UNE, FEUE, FESE y Gobierno dialogan sobre declaración de Emergencia Educativa

El martes 14 de mayo, representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) se reunieron en una mesa de trabajo con representantes del Gobierno para analizar la propuesta de declarar a la educación en emergencia. Este encuentro se debe a una marcha nacional realizada del 6 al 9 de abril desde la provincia de Santo Domingo a la ciudad de Quito de estudiantes, docentes y padres de familia, en las cuales se exigió atención urgente al sistema educativo del país.

Durante la reunión, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, presentó documentación detallada a las carteras del Estado, destacando las serias problemáticas que enfrenta la educación en Ecuador. Entre los puntos más críticos se mencionó el reciente recorte de 39 millones de dólares a la inversión educativa en la Proforma General del Estado. Este recorte ha dejado a aproximadamente 70,000 niños, niñas y adolescentes sin la posibilidad de regresar a las aulas para el año escolar 2024-2025, principalmente debido a factores como la pobreza, la violencia y la inseguridad en los entornos escolares. Además, la infraestructura educativa se encuentra en condiciones precarias, y los procesos de recategorización y ascenso de docentes están paralizados desde 2018, según comunicados de la Unión Nacional de Educadores.

En el transcurso de la mesa de trabajo, se discutieron la problemática en la equiparación salarial para los docentes. Comprometiéndose el Ministerio de Educación (MinEduc) a disponer los recursos necesarios para proceder con la equiparación salarial para los grupos 2, 3, 4 y 5, un logro alcanzado tras dos huelgas de hambre por parte de los docentes.

La reunión concluyó con un compromiso de las autoridades gubernamentales para revisar y abordar estas problemáticas, reconociendo la necesidad urgente de declarar a la educación en emergencia y de implementar medidas que aseguren el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes en el país. Las organizaciones educativas y el Gobierno acordaron continuar el diálogo en próximas mesas de trabajo para encontrar soluciones viables y sostenibles a la crisis educativa.