Incremento de penas en el Código Integral Penal desatan debates y controversia.

La presentación de un informe por parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador, que propone una serie de reformas al Código Integral Penal (COIP), generó un intenso debate en el país. Las reformas, diseñadas para ser discutidas en segundo debate del Pleno de la Asamblea, incluyen modificaciones significativas que han suscitado preocupación y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.

Entre las enmiendas más destacadas se encuentra el aumento de las penas para delitos que afectan tanto a la vida, como a la eficiencia del Estado. Específicamente, se propone elevar la pena máxima por sicariato de 26 a 30 años, ampliar la sanción por terrorismo de 13 a 18 años, y aumentar la condena por delincuencia organizada de 10 a 13 años.

Sin embargo, estas reformas han sido objeto de controversia y cuestionamiento por parte de organizaciones como la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Argumentan que el endurecimiento de penas no aborda de manera efectiva la crisis de seguridad que enfrenta actualmente Ecuador y carece de un análisis exhaustivo y fundamentado.

Se plantea que las reformas podrían tener implicaciones negativas en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y podrían ser utilizadas, para restringir la protesta social y el derecho a la resistencia. Este temor avivó el debate en torno a la necesidad de garantizar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Pichincha expuso su rechazo ante la posible reforma al COIP, mencionando que estas modificaciones podrían afectar seriamente los derechos fundamentales de los ciudadanos y socavar la efectividad del sistema legal en el país. Señalan también la importancia de considerar la “no eliminación de la reserva a la investigación previa”; medida que no solo pondría en riesgo la independencia del sistema judicial, sino que también podría afectar la confidencialidad y la eficacia de las investigaciones.

En resumen, estas propuestas de reformas desencadenaron una intensa polémica en Ecuador, poniendo de manifiesto las divergencias y preocupaciones existentes en torno a la efectividad y la idoneidad de las medidas propuestas para abordar la problemática de la criminalidad y el respeto a los derechos humanos en el país.

Otro de los puntos más controvertidos es el hecho de que estas reformas también estén contempladas en la consulta popular convocada por el Presidente Noboa, que implica un significativo gasto económico, generó críticas sobre la eficiencia del proceso y la necesidad de recurrir a medidas más directas, como la reforma al COIP.